4 de noviembre 2011. A pesar de haber participado en todas las convocatorias electorales desde el año 1984, al no contar con representación parlamentaria, el Partido Humanista para poder presentarse a las próximas elecciones ha tenido que reunir los avales que exige la nueva ley electoral. Una ley que es una nueva burla a la democracia real. Los humanistas han presentado candidatura en 14 provincias, de las cuales 6 han sido rechazadas por la junta electoral, decisión que ha sido recurrida hasta el Tribunal Constitucional.

Gracias a los recursos, ha sido reconocido el derecho a aportar avales adicionales hasta el viernes 4 de noviembre. Las candidaturas de Málaga y Cantabria ya han sido aceptadas; Pontevedra y Toledo podrán presentar nuevas firmas y ser admitidas. Barcelona y Bilbao han quedado fuera del proceso electoral.

Pero lo más importante es que el Tribunal ha declarado constitucional la reforma de la Ley Electoral. La sentencia “justifica” la ley, con argumentos de orden político más propias de un debate parlamentario que de una sentencia de un Tribunal que lo de que debe hacer es aplicar las leyes. Entre estas justificaciones, está la afirmación de que la ley es positiva porque “estimula el pluralismo político”, ya que al reducir el número de opciones minoritarias, eso provoca la concentración del voto en otras opciones minoritarias de la misma “corriente ideológica”, las cuáles, de esta manera tienen más fácil superar la barrera del 3% y alcanzar representación parlamentaria.

El Partido Humanista reitera que la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) acordada por los partidos parlamentarios es una burla a la democracia real, que busca dificultar la participación electoral de los partidos pequeños limita el derecho a elegir y ser elegido y discrimina cualquier idea crítica que cuestione este sistema inhumano y violento.

La resolución del Tribunal Constitucional siembra serias dudas sobre la independencia de los miembros de este órgano que, ante una normativa que lesiona claramente principios fundamentales de una democracia avanzada, no sólo no la revoca sino que la justifica.
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