Los derechos del pueblo palestino siguen postergados
El 29 de noviembre de 1947 se aprobó mediante la Resolución N° 181 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la creación de un «Estado judío» y un «Estado árabe» en Palestina, con Jerusalén como corpus separatum sometido a un régimen internacional especial. De dicha resolución, que se dio previamente a la salida del ejército británico luego de treinta años de ocupación “provisional”, hasta el momento solo se ha creado uno de los dos Estados previstos, el de Israel, cuya independencia fue proclamada el 14 de mayo de 1948.
Treinta años después, en diciembre de 1977, el mismo órgano de la ONU mediante la Resolución N° 32/40, definió que anualmente se observara el 29 de noviembre como el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, por la importancia de esta fecha para este pueblo y como oportunidad para que la comunidad internacional centre su atención en el hecho de que la cuestión de Palestina aún no se ha resuelto.
En ese día 29 de noviembre, cada año se recuerda que la cuestión de Palestina aún se encuentra sin solución y que los palestinos aún no han podido hacer valer su derecho a la autodeterminación sin injerencia externa, su derecho a la independencia y la soberanía nacional, además del derecho a regresar a sus hogares y que se les restituyan sus bienes.
En esta fecha, tanto la ONU, como Estados y organizaciones emiten mensajes especiales de solidaridad con el pueblo palestino, organizan reuniones y eventos, difunden publicaciones y material informativo, entre otros.
La propuesta de solución para poner fin al conflicto israelí-palestino y por ende, al conflicto árabe-israelí, alineada con la idea original de las Naciones Unidas de 1947, es conocida como “solución de dos Estados”. Esta propuesta siempre ha consistido en dividir el territorio al Oeste del río Jordán, adonde se ubicaba el antiguo mandato británico de Palestina), en donde generalmente se ha asumido que el Estado de Palestina comprendería la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este como su capital y lo cual ha sido admitido por la comunidad internacional.
En el año 1993 se tuvo el mayor avance en la implementación de la propuesta de solución de dos Estados, cuando se firmaron los Acuerdos de Oslo, entre el Gobierno de Israel y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), un evento histórico que buscó cambiar la dinámica de la violencia por diálogo, buscando una solución permanente en el conflicto palestino-israelí por medio de dos Estados soberanos, democráticos e independientes.
Los Acuerdos de Oslo plantearon la creación de un autogobierno interino palestino, denominado Autoridad Nacional Palestina (ANP), transfiriéndole los poderes y responsabilidades sobre materias como educación, cultura, salud, bienestar social, tributación directa, turismo y el establecimiento de una policía palestina, en los territorios de Cisjordania y la Franja de Gaza.
Estos acuerdos daban un plazo de cinco años para negociar un acuerdo permanente, y, el gobierno israelí durante ese período se mantendría como el único responsable de los asuntos exteriores, la defensa nacional, las fronteras internacionales y los puntos de cruce con Egipto y Jordania, conservaría la responsabilidad de la seguridad de los asentamientos israelíes en Cisjordania y la Franja de Gaza y la libertad de movimiento en las carreteras.
Por su «contribución histórica al proceso de paz en Oriente Próximo sustituyendo la guerra y el odio por la cooperación«, según el Comité Nobel, los firmantes de los Acuerdos de Oslo, Yasir Arafat de la OLP y por Israel, su Ministro de Relaciones Exteriores, Shimon Peres y su Primer Ministro, lsaac Rabin, recibieron el Premio Nobel de la Paz 1994, aunque no por eso la resolución del conflicto avanzó. Todo lo contrario, los enfrentamientos continuaron y escaló la violencia, reduciéndose los espacios a las fuerzas sociales moderadas en ambas sociedades y estancándose la propuesta de dos Estados.
En el 2005 Israel comenzó la construcción de un muro en Cisjordania que se extiende por 723 kilómetros de largo e invade territorio palestino, valla que separa a los campesinos de sus tierras y a las familias de sus lugares de trabajo, centros educativos y de salud. Aunque la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Haya declaró que dicha construcción por parte de Israel era ilegal por constituir un incumplimiento de las obligaciones contraídas por Israel en virtud del derecho internacional humanitario, esto no frenó la iniciativa.
La construcción del muro facilitó la creación de nuevos asentamientos israelíes ilegales a expensas de la población palestina sometida a ocupación, dado que más de un 80% del muro se encuentra en territorio palestino. La construcción de nuevas viviendas en los asentamientos en territorios ocupados cierra definitivamente toda posibilidad de diálogo, porque los israelíes no están dispuestos a dejar de hacerlo y para los palestinos es una condición inamovible para retomar negociaciones.
En el año 2012, la Asamblea General adoptó la Resolución N° 67/19, con 138 votos a favor, acordando la admisión de Palestina como Estado observador no miembro de la Organización, elevando su estatus político y tratando de apoyar a la ANP como interlocutor en el concierto de las naciones, luego de intensos bombardeos israelíes en Gaza.
El 23 de diciembre de 2016 el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la Resolución N°2334 ratificando su respaldo a la solución de dos Estados y pronunciándose sobre los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados, definiendo que “no tienen validez legal y “están poniendo en peligro la viabilidad de la solución de dos Estados basada en las fronteras de 1967”.
Actualmente en Cisjordania el creciente número de colonias israelíes en territorio palestino, es una excelente excusa para aumentar la presencia militar israelí, la cual ya de por sí es desproporcionada y fuente de infinitas ventajas y privilegios para esos colonos, de los que la población palestina está excluida: desde el acceso al agua hasta tecnología avanzada para celulares, pasando por los permisos para edificar, establecer un negocio o mudarse.
The Economist informaba en un artículo de febrero del 2017, que la parte de Cisjordania cuya administración civil y de seguridad está en manos palestinas es de sólo el 18% del territorio (Zona A); un 21% tiene administración civil palestina, pero está bajo jurisdicción militar israelí (Zona B), mientras que el 61% restante está administrado en lo civil y en lo militar por funcionarios israelíes (Zona C). Es precisamente esta zona, que incluye casi todo el valle del Jordán, y donde los colonos israelíes superan en número a la población palestina, la que Netanyahu propone anexar.
En consecuencia es fácil concluir que en Cisjordania no hay ningún territorio extenso y continuo que esté bajo administración palestina. Lo que existen son islotes urbanos sin conexión entre sí más que por rutas controladas por el ejército israelí, sin actividad económica integrada, sin flujo de transporte de pasajeros o mercancías bajo control palestino continuo ─siempre hay que pasar por algún retén policial o aduanero israelí─, sin acceso a servicios básicos… sin soberanía real y efectiva palestina.
Cada vez más de hecho y no de derecho, Israel ha ido asumiendo en la práctica que un alto porcentaje de los territorios palestinos en Cisjordania es parte del Estado de Israel y su intención es pasar de la anexión de facto a la anexión lisa y llana. El pragmatismo y el cortoplacismo actuando ilegalmente para tener una condición de hechos consumados aunque no sea “políticamente correcto” y sea repudiado por la comunidad internacional, basada únicamente en su fuerza militar. Israel ocupa un territorio extranjero que no le pertenece simplemente porque puede hacerlo.
La anexión de facto de los territorios ocupados por parte de Israel descorre el velo de la “ocupación transitoria” y muestra la verdadera situación de los palestinos. La promesa de un estado palestino junto a Israel ha sido utilizada como una manera de cooptar a la dirigencia árabe, contener a la resistencia palestina y tranquilizar a la comunidad internacional, pero en la práctica cada vez es más evidente que la actuación ilegal de Israel hace imposible tal solución.
En este momento los palestinos tienen lo peor de ambos mundos, porque pierden la libertad de poder construir su propio país, pero tampoco son reconocidos sus derechos ciudadanos por parte de Israel. Israel ha instalado un sistema de control y exclusión en la Cisjordania ocupada que comprende el sistema de identificación, los asentamientos israelíes, las carreteras separadas para los ciudadanos israelíes y palestinos alrededor de muchos de estos asentamientos, la barrera entre israelíes y palestinos, la ley de casamientos excluyente, el uso de palestinos como mano de obra barata, las desigualdades en las infraestructuras, y las diferencias en los derechos legales, de acceso a la tierra y a los recursos entre los palestinos y los residentes israelíes en los territorios ocupados.
Dicho sistema se asemeja en muchos aspectos al régimen sudafricano del apartheid, y varios elementos de la ocupación de Israel constituyen formas de colonialismo y de apartheid, contrarias al derecho internacional. Pero en el caso del sistema israelí es peor que el sudafricano, porque es excluyente y busca la expulsión de la población palestina.
En Cisjordania los colonos israelíes siguen siendo gobernados por las leyes israelíes, mientras se promulga un sistema militar diferente para «regular los asuntos civiles, económicos y legales de los habitantes palestinos.
En este 2020, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propone un plan (que él denominó “el plan del siglo”) conocido como el Plan “Paz para la Prosperidad” que contradice los principios más fundamentales del Derecho Internacional así como todos los parámetros acordados para el proceso de paz en Oriente Próximo, las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas, incluida la Resolución N° 2334 del Consejo de Seguridad, queriendo así formalizar la realidad actual en el territorio palestino ocupado, desconociendo los derechos del pueblo palestino y sin una propuesta de solución viable ni legítima al conflicto.
Ante todo lo anterior las y los humanistas estamos claros que el tema de la solidaridad con el pueblo palestino ya no puede ser un tema a discutir desde el gastado discurso de la defensa ante el terrorismo, donde se justifican agresiones inmorales, ejecuciones extrajudiciales y daños colaterales como una respuesta de sobrevivencia.
El apartheid es un sistema que ofrece dos tipos de leyes para dos pueblos o dos grupos étnicos que viven en la misma tierra. El apartheid israelí prohíbe que un palestino de Jerusalén viva con su esposa y su familia porque son de Ramala, a 16 kilómetros de distancia. Ella no tiene derecho a ir a Jerusalén para estar con él y si él se mudara a Ramala perdería sus derechos de ciudadanía y, por lo tanto, no solo el derecho a tener un seguro médico, sino también a vivir en Jerusalén, su ciudad natal. En cambio, de acuerdo con las leyes israelíes, un judío de cualquier parte del mundo tiene derecho a obtener la nacionalidad israelí en cuanto pone un pie en el Aeropuerto de Lod (Tel Aviv) y a vivir donde desee, ya sea en Israel o en las zonas ocupadas de Jerusalén y Cisjordania, que es hacia donde las autoridades suelen disuadirle mediante subvenciones y otras facilidades destinadas a animar a que los colonos se establezcan en tierras expropiadas a los palestinos.
Israel debe ser denunciado como un Estado que realiza permanentes atentados contra la integridad física y mental, la libertad y la dignidad de los palestinos, sometiéndolos a tratos crueles, inhumanos o degradantes en una condición de total impunidad.
Está claro que Israel no es Netanyahu, pero su cogobierno con la ultraderecha israelí se ha encargado de lastimar mortalmente su democracia liberal para arraigar un régimen racista, colonialista y opresor de apartheid que no solo se instala en los territorios ocupados de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, sino que trasciende a su propia sociedad, creando ciudadanos de primera y segunda clase.
El Partido Humanista Internacional denuncia el daño que genera el poderoso lobby sionista en Estados Unidos, haciendo que muchas veces se pierdan los contrapesos para poder evitar que el poderío militar israelí actúe como lo hace, con total impunidad, atropellando todos los derechos del pueblo palestino. Un alto porcentaje de la sociedad israelí es consciente y lucha por una salida pacífica y democrática contra el sionismo y la anacrónica apuesta por construir un Estado confesional judío.
Tarde o temprano los crímenes por el apartheid israelí serán juzgados y el pueblo palestino liberado, con derechos políticos iguales para todos sus habitantes, sin importar el origen étnico o de la religión que sean.
Está claro que el Gobierno israelí ha tomado una decisión y ha actuado contra la solución de los dos Estados y ha optado por un amplio sistema de apartheid. Y en el proceso, ha reducido la idea de un Estado palestino a una absurda entidad autónoma.
Ha llegado la hora de abandonar las ilusiones pasadas, reconocer que Oslo y sus protocolos han fracasado y decidir que el brutal sistema de apartheid no puede continuar. La comunidad internacional debe llamar al boicot y no cooperación con el Estado de Israel y debe sancionarlo y exigir que cumpla con sus obligaciones del Derecho Internacional. Los palestinos no serán libres ni tendrán prosperidad económica hasta que se rebelen contra el sistema del apartheid israelí y la comunidad internacional debe denunciar y rechazar todos los actos ilegales contra el pueblo palestino.
«Sabemos muy bien que nuestra libertad está incompleta sin la libertad de los palestinos.»
Nelson Mandela
Equipo de Coordinación Internacional
Federación de Partidos Humanistas